videovigilancia

Videovigilancia, centros educativos y violencia sexual. ¡Debes Vigilar!… ¿pero cómo?

Aunque tengo muchos temas en el tintero, parece que la videovigilancia está ocupando un espacio importante en el blog y, debido a que percibo que seguimos ante un ambiente de abierto incumplimiento de la normativa de protección de datos, alimentada en parte por lo que aquí voy a contarles, de nuevo hablaré sobre este tema, que parece me persigue.

Sucede que, en plena asesoría a un centro educativo privado, y durante la visita a una de sus instalaciones, nos encontramos con numerosas cámaras de video, instaladas no solo en los sitios “habituales”, sino también en las propias aulas.

Cuestionados sobre la finalidad de la videograbación de cuanto sucedía en las aulas o salones de clases del centro educativo, las partes interesadas (stakeholders) nos explicaron que:

  • Por cuestiones de calidad y seguimiento, registramos la forma en que los profesores imparten sus clases, para evaluar si utilizan el material de forma adecuada, si imparten los contenidos de la forma en que está programado, si interactúan adecuadamente con los alumnos y si responden apropiadamente a sus preguntas. En suma, que graban a los profesores para determinar si siguen adecuadamente el método de enseñanza del propio centro educativo.
  • Adicionalmente, las grabaciones nos sirven para conservar “pruebas” de cualquier situación que pueda ocurrir en los salones, dado que no han sido pocas las veces que las hemos utilizado para aclarar quejas de algunos alumnos, relacionadas con sus profesores o sus propios compañeros.

En esas estábamos, cuando el abogado del centro, que también se encontraba con nosotros, nos indicó: “EN TODO CASO, tenemos la obligación de contar con esas videocámaras, pues la SEP (Secretaría de Educación Pública), nos envió un oficio indicando que debemos contar con ellas para cumplir con una Recomendación de la CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos).

Como en estas visitas de lo que se trata es de reunir evidencias y no de polemizar sobre las razones que cada responsable mantiene para recabar los datos personales que hasta entonces vienen recabando, solicitamos una copia del oficio de la SEP para ver a qué se refería.

Aquí tienen el texto, en aquello que nos interesa:

201603 Oficio SEP - VV - BIS

 

Ante la evidente generalidad de este documento y de sus “instrucciones”, resulta claro que debíamos acudir a la Recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuyo nombre completo es RECOMENDACIÓN General No. 21 sobre la prevención, atención y sanción de casos de violencia sexual en contra de las niñas y los niños en centros educativos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de octubre de 2014.

El objeto de acudir a esta fuente era el de comprobar, entre otras cuestiones, si a lo largo de su texto encontrábamos respuestas a determinadas interrogantes como:

  • ¿La CNDH aportó en su recomendación una definición o parámetros de definición de aquello que dio por llamar ““puntos estratégicos” de los planteles educativos”?
  • ¿En el marco de sus recomendaciones, se refirió o tomó en cuenta las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPD)?
  • A falta de una ley general sobre protección de datos personales en posesión de entidades públicas, ¿se establecieron límites para que dichas entidades respetaran la privacidad de las personas y protegieran sus datos personales cuando instalaran cámaras de video en los planteles educativos?
  • En algún punto de su recomendación, ¿la CNDH se refirió al entonces IFAI, como organismo que debiese supervisar la correcta implementación de las siguientes recomendaciones generales:

“A usted, señor secretario de Educación Pública:

[…]

TERCERA. Se instruya a quien corresponda, con la finalidad de que se realicen revisiones en los centros escolares con el objetivo de asegurar que las instalaciones son adecuadas para que las niñas y los niños puedan ejercer de forma sana y segura su derecho a la educación al interior de las mismas, y asimismo, se gestione la instalación de cámaras de video en puntos estratégicos de los planteles educativos públicos y privados.

 A ustedes señores gobernadores y jefe de gobierno del Distrito Federal:

[…]

SEXTA. Se instruya a quien corresponda, con la finalidad de que se realicen revisiones en los centros escolares con el objetivo de asegurar que las instalaciones sean adecuadas para que las niñas y los niños puedan ejercer de forma sana y segura su derecho a la educación al interior de las mismas, y asimismo, se gestione la instalación de cámaras de video en puntos estratégicos de los planteles educativos.”

Por resumir, digamos, simplemente, que a todas las anteriores preguntas la respuesta es un rotundo NO.

Entonces, ¿qué deben hacer los planteles educativos, públicos y privados, para respetar los derechos a la privacidad y a la protección de datos personales de todos aquellos que acuden a uno de estos centros, al tiempo que dan cumplimiento a una recomendación emitida por la mismísima CNDH?

La fórmula para resolver la ecuación pasa por reconocer que debemos efectuar un ejercicio de ponderación entre derechos que demandan simultáneamente su protección, para cumplir con los principios que la LFPD reconoce aplicables al tratamiento de los datos personales (al menos, de aquellos que están en posesión de “los particulares”) y procurar la protección de los menores de edad contra la violencia sexual en sus propios centros educativos.

Donde comienzan las verdaderas dificultades (y a falta de precedentes nacionales sobre el tema, o de recomendaciones o guías emitidas por el propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)), es en el momento de proceder a la definición de aquello que resulta proporcional, leal o lícito en el contexto de “prevención, atención y sanción de casos de violencia sexual en contra de las niñas y los niños”, frente al derecho a la protección de los datos personales y la privacidad de todos aquellos alumnos, profesores, padres, administrativos y demás personas que acuden o pueden acudir a un centro educativo.

Todo lo anterior, en adición al cumplimiento del principio de información, conforme al cual en todos los centros educativos que ya cuentan con sistemas de videovigilancia instalados en “puntos estratégicos”, deberíamos encontrar los correspondientes avisos en los que se informe sobre la existencia del propio sistema y de las finalidades para las cuales se recaba la imagen (y sonido) de aquellas personas que acuden a éstos.

Estas consideraciones ya anticipan que la cuestión no es fácil, y que la simple recomendación general sobre la “instalación de cámaras de video en puntos estratégicos de los planteles educativos” resulta excesiva por desconsideración a la existencia de otros derechos humanos como el de privacidad o el de protección de datos personales; sin que sea óbice para decir lo anterior que en su Recomendación General No. 21, la CNDH haya tenido a bien decir lo siguiente:

173. Asimismo, este organismo autónomo considera que sería de gran utilidad contar con cámaras de video ubicadas en puntos estratégicos de los planteles escolares, por medio de las cuales se pueda realizar un monitoreo a las actividades de las niñas y los niños, de forma tal que se resguarde su integridad y sano desarrollo, aunado a que de los videos de dichas cámaras se podrá obtener material que, en su caso, evidencie las conductas de violencia o abuso que se susciten dentro de las instalaciones del plantel escolar. Al respecto, se deberán tomar las medidas de seguridad para el resguardo de los contenidos y proteger el uso del material para otros fines.

Evidentemente, este espacio no es suficiente para el desarrollo de un análisis completo de todas las implicaciones que la instalación de determinados sistemas de videovigilancia en centros educativos conlleva frente al cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, sin que lo anterior conlleve a su vez a la inobservancia de una recomendación de un organismo como la CNDH; pero en todo caso, y fieles a lo que hemos venido haciendo hasta ahora, a continuación haré referencia (y citaré) ciertas fuentes internacionales, que podrían arrojar luz sobre este tema:

  • De la Autoridad Catalana de Protección de Datos, la Instrucción 1/2009, de 10 de febrero, sobre el tratamiento de datos de carácter personal mediante cámaras con fines de videovigilancia, donde podemos encontrar ciertas disposiciones muy interesantes:

Artículo 7

Proporcionalidad

7.1 El tratamiento de la imagen, y especialmente de la voz, de las personas físicas con finalidades de vigilancia sólo se puede producir cuando sea adecuado para contribuir de forma clara a la mejora del servicio o actividad, y dicha finalidad no se pueda obtener con otros medios que, sin exigir esfuerzos desproporcionados, resulten menos intrusivos para los derechos de las personas.

Este mismo principio de intervención mínima también se debe aplicar en la selección de la tecnología utilizada, los lapsos temporales de grabación y en la determinación de las condiciones de conservación y acceso a las imágenes.

[…]

7.3 Puede resultar no adecuada al principio de proporcionalidad:

a) La instalación de cámaras en espacios como baños, servicios, vestuarios, salas de ocio o de descanso con acceso restringido o habitaciones de hoteles y similares, donde, por su propia naturaleza, la captación de imágenes resulta especialmente intrusiva respecto al derecho a la intimidad, a la dignidad personal o al libre desarrollo de la personalidad. Esta previsión también es aplicable a las habitaciones de los centros asistenciales, a menos que sea necesario para proteger un interés vital de la persona afectada. En el caso de celdas de depósito de personas detenidas o de centros penitenciarios o espacios análogos de reclusión, la instalación no resulta proporcionada, salvo que exista un interés legítimo superior que lo justifique.

b) La utilización de sistemas de videovigilancia en el ámbito laboral con la finalidad exclusiva de controlar el rendimiento de las personas trabajadoras.

c) La instalación, en el ámbito educativo, de cámaras en el interior de las aulas, gimnasios o espacios de ocio del alumnado para su control.

[…]

Artículo 10

Memoria

10.1 Con carácter previo a la creación del dichero, o a la puesta en marcha del sistema de videovigilancia en aquellos casos en que no se registren las imágenes, se debe elaborar una Memoria, que debe hacer referencia a los siguientes puntos:

b) Justificación de la legitimidad de la captación y de los tratamientos posteriores que se prevean: debe hacerse constar si se cuenta con el consentimiento de los afectados o, si no es el caso, cuál de los apartados del artículo 6.2 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y en su caso otra normativa aplicable, concurre en el caso concreto, a efectos de legitimar el tratamiento de las imágenes y voces.

c) Justificación de la finalidad y de la proporcionalidad del sistema, de acuerdo con lo que establecen los artículos 6 y 7 de la presente Instrucción.

d) Datos personales tratados: hay que concretar si se registrará también la voz y si la finalidad conlleva, previsiblemente, la captación de imágenes que revelen datos personales especialmente protegidos u otros que exijan un nivel medio o alto de seguridad.

e) Ubicación y campo de visión de las cámaras: debe hacerse referencia a la ubicación y orientación de las cámaras. En especial, cuando se trate de cámaras en el exterior, debe hacerse constar si en un radio de 50 metros hay centros de salud, centros religiosos, de culto o sedes de partidos políticos o centros educativos donde asistan menores. También debe hacerse referencia a los espacios que entren dentro del campo de visión de las cámaras.

f) Definición de las características del sistema. En este apartado hay que especificar:

Número total de cámaras que forman el sistema.

Condiciones técnicas de las cámaras y de otros elementos.

Si las cámaras disponen de ranuras o conexiones para dispositivos de almacenamiento externo.

Si las cámaras son fijas o móviles.

Si se captan imágenes en un plano fijo o móvil.

Si se dispone de la posibilidad de obtener primeros planos en el momento de la captación o una vez registradas las imágenes.

Si las imágenes se visionan directamente o sólo se registran, con acceso limitado a determinados supuestos previstos en la Memoria.

Si la captación, y en su caso la grabación, se hace de manera continuada o discontinua.

Si las imágenes se transmiten.

Previsiones relativas a los mecanismos de identificación y de disociación para atender al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Cuando se grabe la voz, también hay que especificar la distancia a la que se puede registrar.

g) Deber de información: hay que incluir una referencia al número y emplazamiento de los carteles informativos, como también a los otros medios adicionales de información, con el fin de acreditar el cumplimiento del deber de información.

h) Periodo por el que se instala el sistema y periodo de conservación de las imágenes.

i) Medidas previstas para evaluar los resultados del funcionamiento del sistema y la necesidad de su mantenimiento.

j) Medidas de seguridad: concreción del nivel de seguridad exigible y descripción de las medidas de seguridad aplicadas.

  • De la Agencia Española de Protección de Datos, la Instrucción 1/2006, de 12 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras.
  • Del Data Protection Commissioner de Irlanda, sus Directrices sobre Protección de Datos y Sistemas de Circuito Cerrrado de Televisión (Data Protection and CCTV).
  • De la Information Commissioner’s Office del Reino Unido, su Código de Buenas Prácticas sobre cámaras de vigilancia (CCTV Code of Practice).

Y por ahora, después de este largo texto, dejo toda esta información para la reflexión, pues debo regresar a trabajar en las soluciones de cumplimiento que deberemos ofrecer al centro educativo que originó esta entrada, al que le interesa cumplir con la LFPD y con la recomendación de la CNDH.

Y si has llegado hasta aquí, ¡gracias por aguantar!

Hasta el próximo post…

Imagen cortesía de criminalatt en FreeDigitalPhotos.net.

Anuncios
Image courtesy of adamr at FreeDigitalPhotos.net

¿¡Qué estás mirando!?

En el último post, me referí a la obligación que existe a partir de nuestra normativa de protección de datos personales, para que los responsables que captan imágenes a través de sistemas de videovigilancia para finalidades de seguridad y análogas, informen sobre este tratamiento de datos a través de los Avisos cortos a que se refieren los Lineamientos del Aviso de Privacidad y el modelo recomendado por el propio INAI.

Pues bien, tal y como mencioné, existen otras varias cuestiones a tomar en cuenta cuando de videograbar se trata, y de hacerlo conforme a los principios relativos al tratamiento de datos personales.

En esta ocasión, quiero traer a colación a una situación tan común en nuestro entorno, algo que se da por hecho de forma tan automática, que las propias autoridades perfectamente asumen como posible y, al parecer, lícito.

Me refiero a las imágenes captadas por sistemas de videovigilancia privados que en función de la orientación y sofisticación de las videocámaras del sistema, permiten la obtención de imágenes de la vía pública y de personas que transitan por ese espacio público; imágenes que, podemos fácilmente recordar, en ocasiones son utilizadas para la investigación de delitos, gracias a la información que permiten obtener debido precisamente a esa orientación.

No quiero ser agorero, pero debo decir que esas imágenes son ilegales, y que llegado el caso, un buen abogado podría desvirtuar su validez como prueba en un procedimiento determinado. De hecho, quien capta imágenes de tan amplio contenido, pudiendo alcanzar la finalidad de seguridad que la mayoría de estos sistemas persigue, grabando una porción menor de la vía pública y de las personas que por ella transitan, está violando la LFPD, y podría ser multado por ello.

Pero vayamos por partes para entendernos.

La captación de imágenes a través de sistemas de videovigilancia, en la medida en que éstas se refieran, entre otro contenido, a personas físicas identificadas o identificables, debe cumplir con todos los principios relativos al tratamiento de datos personales, de los cuales voy a destacar el de proporcionalidad.

Conforme a dicho principio, para alcanzar la finalidad (lícita) de cualquier tratamiento de datos personales, deberemos tratar únicamente aquéllos que resulten necesarios y relevantes en relación, precisamente, con dicha finalidad.

En este sentido, si la finalidad de un sistema de videovigilancia es la seguridad de un edificio de oficinas o de viviendas, resulta necesario asegurar que para conseguir esa finalidad no se recabe más información de la estrictamente necesaria para alcanzarla, lo cual se asegura grabando exclusivamente el entorno protegido y, excepcionalmente, la vía pública, dado que no resulta indispensable hacerlo para lograr la finalidad indicada. Si las cámaras de un sistema específico graban espacios públicos que resultan innecesarios para asegurar el espacio que se pretende proteger, trataríamos información desproporcionada y violaríamos la Ley.

Al respecto, quiero indicar que estas consideraciones no son gratuitas, sino que se trata de cuestiones que en otros lares ya han sido ampliamente analizadas y definidas.

Así por ejemplo, en el Reino Unido la ICO ha emitido un Código de Conducta sobre Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV Code of Practice) en el que se advierte a los responsables de datos personales que pretenden instalar un sistema de videovigilancia, que “la información recogida por un sistema de vigilancia debe ser adecuada para el propósito por el cual [el responsable] está recabando esa información. El tipo de sistema [elegido] y la ubicación en la que opera también debe lograr los fines para los [se está usando]” (pág. 23).

En el mismo Código de Conducta, también se indica que “las cámaras deberán ser colocadas y el sistema deberá tener las especificaciones técnicas necesarias para asegurar que no sean visibles ni se graben imágenes innecesarias, y las que se graben sean de la calidad adecuada” y se recomienda a los responsables preguntarse: “¿Ha elegido cuidadosamente la ubicación de la cámara para minimizar los espacios de visualización que no son de interés para los fines para los que está utilizando el CCTV?” (pág. 24).

En España, su Agencia de Protección de Datos ha emitido la Instrucción 1/2006 sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras, en la que se establecen cuestiones específicas como:

 “2. Sólo se considerará admisible la instalación de cámaras o videocámaras cuando la finalidad de vigilancia no pueda obtenerse mediante otros medios que, sin exigir esfuerzos desproporcionados, resulten menos intrusivos para la intimidad de las personas y para su derecho a la protección de datos de carácter personal

3. Las cámaras y videocámaras instaladas en espacios privados no podrán obtener imágenes de espacios públicos salvo que resulte imprescindible para la finalidad de vigilancia que se pretende, o resulte imposible evitarlo por razón de la ubicación de aquéllas. En todo caso deberá evitarse cualquier tratamiento de datos innecesario para la finalidad perseguida.”

De estas breves consideraciones, y con independencia de un análisis pormenorizado de situaciones específicas, cabe concluir que si un sistema de videovigilancia privado ha llevado a cabo la grabación de una persona identificada o identificable en la vía pública, donde cabe demostrar que ese sistema obtuvo estas imágenes de forma ilícita, por haber captado un espacio público que no era necesario grabar para asegurar la finalidad del sistema, esta grabación y la información en ella contenida vulnera nuestra normativa de protección de datos personales.

En estos casos, cabe igualmente concluir que el alcance y sentido de lo dispuesto por el artículo 16 de nuestra Constitución, en relación con el secreto de las comunicaciones y las “intervenciones autorizadas”, brinda también protección a las personas respecto de aquellas grabaciones obtenidas por sistemas de videovigilancia, debiendo carecer de cualquier valor probatorio aquellas imágenes de personas físicas identificadas o identificables que hubiesen sido obtenidas en contravención a los principios sobre el tratamiento de datos personales que contempla la LFPD.

Finalmente, para aquellos de ustedes que quieran conocer un poco más sobre las recomendaciones e informes jurídicos que al respecto se han emitido en los dos países de referencia, los invito a visitar:

  1. De la Information Commissioner’s Office: Guide to Data Protection – CCTV, y
  2. De la Agencia Española de Protección de Datos, su sección de Informes Jurídicos sobre Videovigilancia.

Hasta el próximo post…

(Imagen cortesía de adamr en FreeDigitalPhotos.net)

Fuente http://es.freeimages.com/photographer/drouu-49945

Vigilas, ¿pero no avisas?

Puestos a cumplir, llama la atención que en México sigamos en fase de incumplimiento extremo cuando de informar a los titulares de datos personales sobre la captación de sus imágenes a través de sistemas de videovigilancia se trata.

La percepción y la realidad es que actualmente no existen tantos avisos legalmente exigidos, como sistemas y videocámaras operan cotidianamente en nuestro país.

Creo que la noción del cumplimiento de la LFPD a través de UN Aviso de Privacidad nos ha llevado a este punto, sumado al concepto de datos personales que aún prevalece en la generalidad de las personas y organizaciones.

Que nuestra imagen sea un dato personal y que por ello merezca la misma protección que otros datos como nuestro nombre, domicilio, estado civil, cuentas bancarias o estado de salud, no resulta obvio para todo el mundo. Conforme a la experiencia acumulada durante los diversos cursos que sobre la materia he impartido en los últimos años en México; muchos aún se sorprenden cuando les indico que los sistemas de videovigilancia que pululan en nuestro entorno están sujetos a la normativa de datos personales.

Por ir directo al grano, insistiré: nuestra imagen, en cualquier tipo de soporte, es un dato personal, en la medida en que se trata de información concerniente a una persona física identificada o identificable.

Conforme a lo anterior, si un particular no exento de la aplicación de la LFPD trata este tipo de información, a través de sistemas propios o cuya instalación, gestión y mantenimiento encarga a un tercero, debe cumplir con la normativa de protección de datos personales.

Aunque existen varias cuestiones a tener en cuenta cuando videovigilamos, tales como las finalidades determinadas de la actividad, la orientación de las cámaras, los plazos de conservación de las imágenes, entre otras, centraré la atención en el cumplimiento del principio de información, en relación con el tratamiento de imágenes captadas a través de estos sistemas para finalidades de seguridad (también conocidos como CCTV o de circuito cerrado).

Como es de conocimiento general, la normativa aplicable indica que los responsables que traten datos personales deberán informar sobre todos los extremos relacionados con dicho tratamiento, a través de avisos de privacidad.

Dos puntos más concretos sobre estos avisos lo constituyen el momento y la modalidad que los responsables pueden utilizar para informar a los titulares sobre el tratamiento de sus datos.

Al respecto, y al margen de las disposiciones aplicables que sustentan la siguiente información, es necesario indicar que el ahora INAI publicó el 7 de julio de 2013 el Comunicado IFAI/065/13, titulado “PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE VIDEO VIGILEN DEBEN CONTAR CON AVISO DE PRIVACIDAD”, en el que indicó:

“El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) puso a disposición en su página de Internet un modelo de aviso de privacidad que podrá ser utilizado por los responsables del tratamiento de datos personales que cuentan con sistemas de Video Vigilancia.

 “El aviso de privacidad deberá elaborarse en un formato corto y visible, de tal modo que las personas que accedan a un lugar en donde existan dichos sistemas tengan conocimiento de que están siendo video-grabadas y conozcan quién está a cargo de sus datos personales recabados (imágenes y sonidos) y los usos que se les dará.”

El Modelo de Aviso de Privacidad Corto para Video-Vigilancia (actualizado) dado a conocer por nuestra autoridad de protección de datos personales, cuyo texto íntegro puede ser consultado aquí, establece, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“La video-vigilancia (V-V) se define como el uso de cámaras de video fijas o móviles con o sin sonido, o de sistemas cerrados de televisión que involucren la colocación de una o varias cámaras en espacios privados o públicos, limitadas a la supervisión o monitoreo de ese espacio y de las personas que en él se encuentran.”

“La propuesta que se realiza a continuación se trata exclusivamente de un modelo de aviso de privacidad para ser colocado en la zona en la que ocurre la video-vigilancia, cuando la finalidad de esta última sea la seguridad del espacio videovigilado, o cuestiones análogas o compatibles.”

“Se sugiere utilizar la modalidad de aviso de privacidad corto, al que refiere la fracción III del Decimoctavo de los Lineamientos del Aviso de Privacidad en la zona en la que ocurre la V-V.”

“Es importante que el responsable tome en cuenta que el hecho de que difunda el aviso de privacidad en su modalidad corta en la zona en que ocurre la video-vigilancia, no lo exime de su obligación de contar con el aviso de privacidad integral que señala la fracción I del lineamiento antes citado.”

“Los responsables que realicen V-V podrán cumplir con el principio de información colocando avisos visibles para las personas dentro de los espacios sujetos a videograbación, al menos, en la(s) entrada(s) a zonas que se encuentren bajo V-V, independientemente de si son interiores o exteriores.”

“Una manera adicional para cumplir con el principio de información es ubicar el aviso de privacidad en su modalidad corto cerca de la(s) cámara(s) que están siendo utilizadas, siempre y cuando éstas se encuentren en un lugar visible, o bien, el uso de audios que reproduzcan el aviso de privacidad corto para que sean escuchados por los titulares en las zonas bajo V-V.”

Mi experiencia es que aquellos responsables que han decidido seguir la recomendación consistente en la colocación de avisos cortos de videovigilancia, no suelen apegarse a los dos modelos que el INAI ha difundido a través del documento que hemos citado, sino que, respetando los requisitos de contenido informativo, aprovechan la exigencia legal para incorporar sus colores corporativos y jugar con la distribución del espacio, para integrar el cumplimiento normativo al entorno en el cual son colocados estos avisos:

ZonaVideovigilada

De lo cual se deduce, como dice un estimado amigo, que en muchas ocasiones, esto de cumplir con la ley, también es un tema de voluntad; porque si vigilas, ¿por qué no avisas?

Hasta el próximo post…